Las protestas por la situación de la educación pública se siguen multiplicando en todas las universidades nacionales. Mientras el gobierno busca una salida a esta problemática, es bueno hacer un análisis de fondo como el que hace Martín Tetaz en su columna para El Día de La Plata.

“Contrario a lo que mucha gente piensa, tampoco es el Estado el único que financia la educación pública. De hecho, los principales insumos del proceso educativo son el tiempo del alumno y el del profesor, pero mientras que el Presupuesto reconoce dinero para remunerar el costo de oportunidad del docente, nadie le paga al estudiante lo que cuesta su tiempo, que según los cálculos más conservadores es del doble de lo que destina el Estado. Pensemos que el aporte del Tesoro es de unos 70.000 pesos anuales por alumno, mientras que el salario de un trabajador con secundario completo, que se corresponde con el valor aproximado del tiempo de los estudiantes es de $14.700, de suerte tal que, en 10 meses de estudios, un alumno que cursa o prepara materias 40 horas a la semana, podría ganar 147.000 pesos trabajando.

Esta semana asistimos a la escalada de un conflicto gremial, que fue manipulado políticamente por sectores de la oposición, que con la pretensión de defender la universidad pública pusieron su granito de arena para seguir destruyéndola.

La consigna en las redes sociales fue “Defendamos la universidad pública”, como si la institución estuviera en peligro de sufrir un ataque de extraterrestres macrocefálicos, de cuerpos verdes, o como si un conjunto de funcionarios microcefálicos vestidos de amarillo hubiera hecho un recorte presupuestario selectivamente dirigido al sector.

El reclamo de los docentes es justo, igual, exactamente igual de justo que el de cualquier otro trabajador que en un año de inflación creciente está perdiendo capacidad adquisitiva por culpa de unas paritarias que corren por detrás de los precios. El problema de fondo no es el riesgo de un ataque a la universidad publica; un muñeco de paja que no existe, sino la inflación, que nos afecta a todos los trabajadores por igual, sin discriminar entre profesores y policías, entre choferes y empleados administrativos, entre científicos y burócratas.

Claro, es más fácil aglutinar voluntades en torno a una bandera cara a los sentimientos de la comunidad, que marchar en reclamo de austeridad fiscal y combate contra la inflación. Seguramente es mas difícil reconocer que durante años, con el anterior gobierno y con este también, miramos para otro lado mientras se imprimían billetes sin respaldo para financiar un elefante cada vez más gordo y menos efectivo.

Es paradójico que en el seno de la Universidad se sostenga una consigna que no resiste la verificación empírica; que no pasa tres preguntas simples:

¿El presupuesto universitario subió, se mantuvo igual o bajo, en relación con el resto del presupuesto? ¿Los salarios docentes subieron, se mantuvieron iguales o cayeron en relación con el resto de los salarios públicos? ¿Hay algún proyecto concreto para recortar el presupuesto educativo o para arancelar los estudios?

Pero lo mas contradictorio es que se pretenda defender la Universidad parándola, como si la huelga afectara las ganancias de algún empresario, u obligara una negociación por paralizar el funcionamiento de la sociedad, como ocurre con un paro en el transporte.

La mejor manera de defender la universidad pública es haciéndola funcionar y garantizando que los recursos de la sociedad se defiendan con mejor calidad, investigando, formando mejores graduados y combatiendo el abandono estudiantil…”.

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